Una propuesta de ley diseña un proceso civil sumario para conseguir la autorización
El Senado de Estados Unidos ha publicado una propuesta de ley que permitiría al Departamento de Justicia anular los dominios de Internet que vulneraran el copyrightmediante un proceso civil sumario. El documento, titulado Ley para combatir las infracciones en línea y las falsificaciones, permite abrir un proceso civil contra los propietarios de los dominios sospechsosos. De obtener el vistobueno judicial, las autoridades podrían ordenar la anulación del dominio. Uno de los senadores que ha promovido el proyecto, Orin Hatch, ha declarado a Wired que en la economía global, Internet se ha convertido en una herramienta del comercio pero "también se ha convertido en una herramienta para los ladrones" que pueden hacer millones de dólares con la venta de productos falsificados o pirateados.
En el caso de que la gestión del dominio la realizara una compañía de Estados Unidos, (como ocurre, por ejemplo, con los .com),las autoridades podrían solicitar la anulación del dominio, lo que supondría la cancelación el sitio. En el caso de que la misma se hallara fuera de Estados Unidos, el mecanismo consistiría en solicitar a los proveedores locales el bloqueo del acceso al citado sitio para los internautas de Estados Unidos. En algunos medios ya se plantea la hipótesis de que el concepto de copyright se aplique de forma extensiva y las autoridades puedan considerar que esta ley les ampara para cerrar, por ejemplo, el sitio Wikileaks por filtrar documentos cuya autoría es de la administración estadounidense.
La política global sobre los dominios de Internet (por ejemplo, autorizar la creación de uno nuevo) la lleva una sociedad sin ánimo de lucro, ICANN, sometida al derecho de California y cuyas atribuciones le vienen por delegación del departamento de Comercio de EE UU que, por razones históricas del origen de Internet, tuvo el control inicial. Después, la gestión de cada uno de los dominios depende de distintas agencias, tanto empresas particulares como organismos públicos.
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